El conflicto cada vez más intenso del presidente Donald Trump con los tribunales federales es inusualmente agresivo en comparación con disputas similares en otros países, según los académicos. A diferencia de los líderes que alteraron o reestructuraron los tribunales, Trump actúa como si los jueces fueran ya demasiado débiles para limitar su poder.
“Sinceramente, nunca he visto nada igual”, dijo Steven Levitsky, politólogo de Harvard y coautor de Cómo mueren las democracias y Competitive Authoritarianism.
“Observamos estos casos comparativos en el siglo XXI, como Hungría, Polonia y Turquía. Y en muchos aspectos, esto es peor”, dijo. “Estos dos primeros meses han sido mucho más agresivamente autoritarios que casi cualquier otro caso comparable que yo conozca de retroceso democrático”.
Hay muchos ejemplos de dirigentes autocráticos que limitan el poder del poder judicial llenando los tribunales de jueces obedientes, o cambiando las leyes que les dan autoridad, dijo. Pero es extremadamente raro que los dirigentes se adjudiquen el poder de ignorar o anular directamente las órdenes judiciales, sobre todo inmediatamente después de asumir el cargo.
En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha purgado a miles de jueces del poder judicial como parte de un esfuerzo más amplio por consolidar el poder en sus propias manos. Pero eso requirió décadas de esfuerzo y múltiples cambios constitucionales, dijo Levitsky. Solo tuvo pleno éxito después de que un fallido golpe de Estado en 2016 proporcionara una justificación política para la purga.
En Hungría, el primer ministro Victor Orbán llenó los tribunales constitucionales de jueces amigos y obligó a cientos de otros a jubilarse, pero lo hizo a lo largo de varios años, utilizando enmiendas constitucionales y cambios administrativos.
Durante el fin de semana, el gobierno de Trump hizo caso omiso de la orden de un juez federal de no deportar a un grupo de hombres venezolanos, y posteriormente intentó justificar retroactivamente sus acciones con argumentos tan alejados del derecho establecido y de la práctica ordinaria que los expertos jurídicos han dicho que rayan en la frivolidad.
Los defensores de las políticas del gobierno de Trump han afirmado que los jueces tienen demasiado poder sobre el poder ejecutivo.
El martes, Trump subió aún más la apuesta al pedir públicamente la destitución del juez que había emitido la orden, lo que provocó una rara reprimenda del presidente de la corte, John Roberts.
“Durante más de dos siglos”, dijo el presidente de la corte, “se ha establecido que la destitución no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese fin”.
Levitsky dijo que le costaba encontrar un precedente para lo que está haciendo el gobierno de Trump.
“El fervor con el que estos tipos están adoptando un comportamiento cada vez más abierto y autoritario no se parece en casi nada a lo que he visto. Erdogan, Chávez, Orbán, lo ocultaron”, dijo Levitsky.
Cuestionando la autoridad
El conflicto entre el gobierno de Donald Trump y el juez James Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito en Washington, se refiere nominalmente a la deportación. Pero los expertos jurídicos dicen que se ha convertido en un enfrentamiento sobre si los jueces deberían poder limitar en absoluto al poder ejecutivo. “Los jueces no tienen permitido controlar el poder legítimo del Ejecutivo”, declaró el mes pasado el vicepresidente JD Vance. “No me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda”, dijo esta semana el zar de fronteras de Trump, Tom Homan, durante una aparición en Fox & Friends.
El martes, Trump escribió en las redes sociales que el juez Boasberg era un “lunático radical” y que debería ser “DESTITUIDO”, porque el juez “no fue elegido presidente, no GANÓ el VOTO popular (¡por mucho!), no GANÓ LOS SIETE ESTADOS DE TENDENCIA ELECTORAL INCIERTA, no GANÓ 2750 contra 525 condados, ¡NO GANÓ NADA!”.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en las redes sociales que “un solo juez” no puede ordenar los movimientos de un avión cargado de personas “que fueron expulsadas físicamente de suelo estadounidense”.
(De hecho, los tribunales estadounidenses pueden ordenar, y lo hacen, el retorno de extranjeros que han sido deportados injustamente).
La táctica del gobierno de Trump es muy poco habitual, dijo Andrew O’Donohue, académico no residente de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, quien estudia los enfrentamientos entre los tribunales y los dirigentes electos de todo el mundo. Normalmente, las batallas sobre el poder de los tribunales han tendido a ser extensiones de las divisiones políticas.
En Israel, por ejemplo, el gobierno de derecha dirigido por Benjamín Netanyahu ha intentado frenar el poder de los tribunales, asociados históricamente con el ala izquierda del país. En Turquía, los tribunales estaban asociados al Estado laico, y chocaban con la agenda religiosa y populista del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Pero Trump y los tribunales federales no son enemigos ideológicos del mismo modo. Los jueces federales tienen opiniones diversas, pero el poder judicial se ha vuelto más conservador en las últimas décadas. Y la Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha proporcionado a la derecha política una serie de importantes victorias jurídicas en los últimos años, como la concesión a los presidentes de una amplia inmunidad frente a procesos penales.
Las normas de moderación están al revés
Los tribunales no tienen ejércitos propios ni fuerzas policiales significativas. Sin embargo, los dirigentes suelen obedecer las órdenes de los jueces, debido a los costos políticos que conlleva desobedecerlas.
Normalmente, los votantes no recompensarán a sus líderes electos por violar las normas, alterar un orden constitucional estable o emprender acciones intrínsecamente ilegales, dijo Aziz Huq, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago y coautor del libro Cómo salvar una democracia constitucional.
Pero ese cálculo podría no aplicarse a Trump, quien ha basado su atractivo político en burlarse alegremente de las sacrosantas normas. Según Huq, negarse a aceptar la autoridad de los tribunales puede resultar atractivo para las bases del presidente, si lo interpretan como una prueba de fortaleza y no de anarquía.
Los presidentes anteriores también se han visto más limitados por las élites del poder político.
“Richard Nixon tuvo que preocuparse no solo de la opinión pública, sino también de Walter Cronkite y de los líderes de los partidos Republicano y Demócrata”, dijo Levitsky. “Esa limitación, que era difícil de medir, pero creo que muy real en el siglo XX, ha desaparecido”.
Hoy en día, los guardianes tradicionales son mucho más débiles, sobre todo cuando líderes como Trump sacan provecho político peleándose con la clase dirigente.
Proteger a los tribunales frente a líderes hostiles
Existen formas probadas de que los tribunales pueden defender con éxito su autoridad frente al incumplimiento o los ataques de los dirigentes. La fuente de protección más eficaz es cuando los tribunales pueden recurrir al apoyo de otros funcionarios del gobierno ajenos al poder judicial, “quienes pueden poner músculo detrás de una decisión judicial”, dijo O’Donohue.
Cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, trató de desafiar las decisiones judiciales sobre cierres y medidas de salud pública durante la pandemia, los alcaldes y gobernadores locales acataron de todos modos las sentencias judiciales.
Pero esa táctica puede ser más difícil de utilizar cuando la orden afecta directamente a una agencia federal. Los dirigentes locales no pueden obligar al Departamento de Seguridad Nacional a cumplir una orden judicial de detener un vuelo de deportación, ni a restablecer la financiación de USAID.
La presión política para proteger el poder de los tribunales también puede ser eficaz, incluso en los casos en que los propios electores de un dirigente presionen en sentido contrario.
En Israel, por ejemplo, los propios partidarios del primer ministro Benjamín Netanyahu estaban firmemente a favor de las leyes propuestas que habrían limitado drásticamente el poder de los tribunales para limitar a los líderes políticos. Pero el público en general movilizó una feroz oposición a las reformas.
En 2023, miles de israelíes salieron a la calle casi todos los sábados en protestas masivas contra la reforma judicial. Sectores influyentes de la sociedad, como reservistas militares, empresarios, sindicalistas y políticos de alto rango, también se opusieron públicamente a la ley. Sus acciones cerraron comercios, el tráfico e incluso el aeropuerto internacional Ben Gurion. Finalmente, Netanyahu se vio obligado a suspender la mayoría de los cambios previstos.
Sin embargo, los movimientos de protesta de masas son difíciles de formar y mantener. Hasta ahora hay pocos indicios de que se esté formando un movimiento similar en Estados Unidos.
La presión política también podría proceder del interior de la coalición política de Trump.
“Si al menos una decena de republicanos del Congreso tuvieran la capacidad de enfrentarse a Trump, la situación sería muy distinta”, dijo Levitsky. “Trump, Musk y Stephen Miller no podrían hacer esto solos. Lo están haciendo con la plena cooperación del partido mayoritario en el Congreso”.
“Estamos en una mala situación”, dijo.
Amanda Taub es autora de The Interpreter, una columna y boletín que explica los sucesos internacionales. Reside en Londres. Más de Amanda Taub