Los republicanos se esforzaron mucho en los últimos años para atraer a los votantes venezolanoestadounidenses de Florida, convencidos de que el enfoque de su partido en la ley y el orden y los ataques al socialismo podrían ganar el respaldo de este grupo en rápido crecimiento. Sus esfuerzos dieron resultado en ciudades como Doral, al oeste de Miami, donde cerca del 40 por ciento de los residentes son de origen venezolano.
Muchos estadounidenses de origen venezolano disfrutaron de la atención y se convirtieron en devotos de los políticos que se la otorgaron, especialmente del presidente Donald Trump.
Sin embargo, su admiración se ha mezclado con sorpresa y dolor en las últimas semanas, después de que el gobierno de Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal, (TPS, por su sigla en inglés) para más de 300.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos en el sur de Florida. El programa TPS permite a los migrantes de ciertos países inestables vivir y trabajar en Estados Unidos durante un tiempo limitado; los críticos dicen que ha permitido a muchos migrantes quedarse de forma indefinida.
Ahora, los venezolanoestadounidenses de Doral y otros lugares están intentando convencer a la Casa Blanca de que cambie de rumbo antes de que los 300.000 inmigrantes pierdan el TPS en abril. Su campaña está poniendo a prueba cuánta influencia política tienen con Trump y otros republicanos que los habían tratado como un electorado clave.
Canalizando las preocupaciones de sus electores, los líderes electos en al menos tres municipios —el condado de Miami-Dade, Miami y Doral— han aprobado medidas simbólicas en las últimas semanas instando al gobierno de Trump a revertir su decisión o encontrar otra manera de ayudar a los venezolanos respetuosos de la ley a permanecer legalmente.
Hasta ahora, pocos venezolanos que votaron por Trump lo han abandonado. En su lugar, están caminando por una línea muy fina, apoyando sus medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, pero sosteniendo que la mayoría de los venezolanos con TPS no deben quedar atrapados en ellas. Aunque Trump se burló de programas como el TPS durante la campaña electoral, muchos votantes venezolanoestadounidenses afirman que esperaban que cualquier medida enérgica se centrara en los inmigrantes no autorizados con antecedentes penales.
En ningún lugar la situación parece más urgente que en Doral, una ciudad de unos 75.000 habitantes apodada “Doralzuela”.
La ciudad, que en su día fue un vecindario de almacenes apartado al oeste del Aeropuerto Internacional de Miami, se ha convertido en la última década en una potencia económica. Han surgido parques de oficinas que han dado lugar al desarrollo de urbanizaciones, condominios, escuelas y restaurantes.
Trump conoce bien Doral: es la sede de su Trump National Doral Golf Club, un motivo de orgullo para muchos venezolanoestadounidenses. Pero en entrevistas realizadas la semana pasada, varios de ellos dijeron sentirse sorprendidos.
En particular, afirmaron, la insinuación del gobierno de Trump de que muchos venezolanos con TPS son miembros de la pandilla criminal Tren de Aragua —una burda exageración— les ha dejado atónitos.
“Yo soy republicana recalcitrante trumpista, pero me siento defraudada”, dijo Isabel Martín, una agente inmobiliaria y corredora de seguros que también presenta un programa de radio en español en Doral. “Ha entrado mucha gente mala, pero no todos son del Tren de Aragua. Hay gente muy buena, como tú y yo, trabajadora”.
Martín, de 58 años, quien emigró hace 27 años, dijo que seguía apoyando a Trump, pero que tenía sentimientos encontrados que no estaba segura de cómo resolver. La semana pasada, estuvo entre un número de venezolanos presentes cuando el Consejo Municipal de Doral aprobó una medida pidiendo al gobierno federal una solución migratoria permanente para los venezolanos.
Martín le dijo a los miembros del consejo que Doral podría perder empleadores y trabajadores por igual si los migrantes venezolanos, muchos de los cuales son propietarios de pequeñas empresas o trabajan en ellas, perdieran su estatus de protección.
El concejal Rafael Pineyro, republicano que presentó la resolución, trató de discrepar de la decisión de poner fin al TPS sin enemistarse con la Casa Blanca.
“No es algo que busquemos para crear una confrontación con el presidente Trump”, dijo en la reunión Pineyro, un venezolanoestadounidense que emigró a Miami cuando tenía 15 años.
Más bien dijo que esperaba “explicar al gobierno cuál es la verdadera comunidad venezolana”.
Otro concejal está casado con una venezolana; un tercero emigró de República Dominicana. La alcaldesa es cubanoestadounidense. La vicealcaldesa, Maureen Porras, es una abogada migratoria que llegó a Miami desde Nicaragua cuando tenía 7 años.
Porras dijo en una entrevista que en las últimas semanas, muchos venezolanos ansiosos habían inundado su bufete de abogados con preguntas sobre sus opciones. Le preocupa que los trabajadores esenciales puedan desaparecer de los puestos de trabajo en los restaurantes y hoteles de Doral.
“Mi temor es que se perturbe la economía y se transformen nuestras comunidades, si empezamos a ver que los vecinos se marchan”, dijo. “Va a ser muy perturbador”.
En una reunión pública celebrada el jueves, Amaya Ariztoy, una estadounidense de origen venezolano que lleva 25 años viviendo en el sur de Florida, habló a la Comisión Municipal de Miami sobre su sobrino, quien llegó a Estados Unidos legalmente con una visa de estudiante y obtuvo una maestría en la Universidad de Florida.
“Trabajaba bajo TPS”, dijo. “Pagaba sus impuestos. Y ahora se ve obligado a volver a un país que no tiene futuro, un país que además está bajo una dictadura”.
Los venezolanoestadounidenses se horrorizaron cuando Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, justificó la decisión de poner fin al TPS diciendo que las condiciones habían mejorado en Venezuela. También se enfurecieron cuando dijo en Fox and Friends el mes pasado que dejar que los venezolanos con TPS se quedaran les permitiría “violar nuestras leyes durante otros 18 meses”, insinuando que una gran mayoría eran delincuentes.
Los funcionarios republicanos electos de Florida, conscientes de que los estadounidenses de origen venezolano representan un número creciente de sus electores, han mostrado su apoyo. El senador Rick Scott dijo que el gobierno venezolano sigue representando una amenaza para Estados Unidos. Los tres miembros cubanoestadounidenses de la delegación del Congreso de Miami escribieron cartas a Noem instándola a decidir si los venezolanos pueden permanecer en el país según una evaluación caso por caso.
Los influyentes exiliados cubanos de Miami, en particular, han acogido a los venezolanos recién llegados, considerándolos ideológicamente afines porque ambos grupos huyeron de líderes de izquierda. Los cubanos se han beneficiado durante mucho tiempo de privilegios especiales de inmigración, como la Ley de Ajuste Cubano, que les permite solicitar la residencia permanente tras 366 días en Estados Unidos. Los venezolanos y los inmigrantes de otras nacionalidades no gozan de este beneficio, aunque una congresista republicana de Miami lo ha propuesto.
La decisión de poner fin al TPS afecta solo a los venezolanos que recibieron la protección en 2023. Justo antes de que Trump tomara posesión de su cargo en enero, el gobierno de Joe Biden prorrogó su estatus legal temporal durante 18 meses más; Noem revocó esa prórroga.
Un grupo separado de más de 250.000 venezolanos recibió el TPS en 2021; se supone que su estatus de protección termina en septiembre, y el gobierno de Trump no ha anunciado hasta ahora planes para eliminarlo antes.
Los demócratas de Florida, diezmados por años de duras derrotas electorales, han intentado retratar a los líderes republicanos del estado que apoyan el TPS para los venezolanos como hipócritas por respaldar a Trump.
“Dan vergüenza los republicanos. Son cómplices en enviar a los venezolanos de vuelta a una pesadilla”, afirmó María Corina Vegas, venezolanaestadounidense y miembro del comité estatal demócrata, en una rueda de prensa frente al Ayuntamiento de Miami la semana pasada. “Están dándole la espalda a una comunidad que confió en ustedes. Se les recordará por esta traición”.
Incluso mientras los venezolanoestadounidenses expresaban su consternación la semana pasada, los legisladores estatales aprobaron una ley que endurece las medidas contra la inmigración ilegal. Cuando al gobernador republicano, Ron DeSantis, le preguntaron recientemente si apoyaba poner fin al TPS para los venezolanos, señaló que “las personas que votaron por mí no están en el TPS. Son ciudadanos estadounidenses”.
Admitió que la situación en Venezuela era “todavía mala” pero afirmó que el expresidente Biden había sido culpable de “abusar” del TPS y que Trump estaba “aplicando bien la ley”.
“Va a conseguir controlar quién está en este país”, añadió DeSantis. “No se puede tener una situación en la que la gente esté simplemente entrando así como así”.
Gustavo Garagorry, presidente del Venezuelan American Republican Club Miami-Dade, dijo que su apoyo a Trump seguía siendo firme. Personas como él, que emigraron hace más de 20 años, no se ven afectadas por el fin de las protecciones.
“El presidente Trump es el presidente de los estadounidenses”, dijo, “no es el presidente de los venezolanos”.
Alain Delaquérière colaboró con investigación.